'Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos'. Así se llama el plan del Ministerio de Presidencia para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, especialmente en los casos más prescritos, y que será aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Un plan que asume buena parte de las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo, y que se aprueba sin que Ángel Gabilondo haya podido presentarlo ante la Cámara Baja. Un plan que no se comentó, más que someramente, en la reunión que este jueves mantuvieron el ministro Bolaños y el presidente de la CEE, Luis Argüello, y que ya adelantó este fin de semana El Periódico. Hoy, lo avanza también El País. "Hablamos, en general, de las víctimas", apuntan desde la CEE.

¿Qué busca este plan? Reparar integralmente a las víctimas, especialmente a aquellas cuyos casos hayan prescrito y, también, en el caso "no deseable" de que la Iglesia se niegue a hacerlo. Así, el documento advierte la importancia de que “la reparación no dependa de las decisiones de las diversas entidades religiosas o de profesionales contratados por ellas, debido a los peligros que entrañan de desigualdad, arbitrariedad, opacidad y encubrimiento y que han formado parte de las dinámicas del abuso”.

Para ello, se han previsto dos escenarios: el primero, con la colaboración de la Iglesia; el segundo, sin ella. En el primer caso, se apunta a la creación de un órgano mixto entre el Estado y la Iglesia para asumir las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del victimario. Un órgano independiente, integrado por especialistas y de carácter temporal que tendría como finalidad la reparación de las víctimas. En este caso, sería la Iglesia quien se hiciera cargo "de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica".

En el segundo escenario, se habla de “un proceso administrativo” que reconozca la condición de víctima y “las medidas reparadoras que sean adecuadas”, en colaboración entre las distintas administraciones. El periodo inicial de vigencia del plan será entre 2024 y 2027. 

Al tiempo, se habla de actos de reconocimiento del dolor de las víctimas, así como impulsar el uso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delitos (OAVD) para acoger a estas personas. Hasta la fecha, solo existen oficinas diocesanas, además del impagable trabajo de las asociaciones de víctimas que, al menos hasta ayer, no conocían el texto que hoy se aprobará.

23.04.2024 Jesús Bastante

Religión Digital